IV – LA CONTRATACION ESTATAL FRENTE AL MANEJO DEL COVID-19.
Para hacer frente a esta situación el Estado Colombiano, tiene previstos mecanismos en el campo jurídico Ley 80 de 1993, en donde se establece la figura de la URGENCIA MANIFIESTA para la contratación que se requiera, cuando por situaciones excepcionales se haga necesario acudir a mecanismos ágiles de contratación pública, así:
“…Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos.
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.»
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 numeral 4 literal a, establece como causal de contratación directa la derivada de la urgencia manifiesta.
En cuanto a la URGENCIA MANIFIESTA, se debe entender que aplica para los casos en los cuales la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras, por presentarse situaciones relacionadas con los estados de excepción (artículos 212 y 213 de la Constitución Política), o cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor, o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección y contratación tradicionales.
Mediante el Decreto 537 del 12 de abril de 2020, el gobierno nacional, para hacer frente a la Pandemia, dispuso ampliar la modalidad de la contratación directa, previa la declaración de la urgencia manifiesta por parte de las entidades de derecho público; a su vez, generando la libertad de contratar de manera directa a aquellas entidades cuyo régimen de contratación se encuentra excluido de aplicar la Ley 80 de 1993, a saber:
“…Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud.
Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.
Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa los bienes y servicios enunciados en el inciso anterior ”.
REQUISITOS HABILITANTES CONTENIDOS EN EL RUP
El Decreto Número 1082 de 2015, del 26 de mayo, «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional» en su Artículo 2.2.1.1.1.5.3. desarrolló la estructura de los Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:
“… 1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.
2. Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado.
3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:
3.1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
4. Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:
4.1. Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
4.2. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total…»
(Decreto 1510 de 2013, artículo 10)
Autor: Orlando Lineros Velasco

